Boletín post-COVID: Movilidad humana y seguridad

Boletín post-COVID: Movilidad humana y seguridad


“Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida”. Papa Francisco


BOLETÍN M&R #10 | Diciembre de 2021

Movilidad humana y seguridad

 

El mayor movimiento de personas jamás registrado en la historia de la humanidad ha coincidido con la pandemia del COVID-19 y con muchos otros retos globales, como la degradación del medioambiente, la pobreza, el hambre y los conflictos armados. La pandemia ha condicionado en gran medida los movimientos de personas debido al cierre de las fronteras. Esta inmovilidad forzada ha puesto a su vez en peligro a las personas desplazadas,  que se han visto sometidas a situaciones inseguras e insostenibles. 

A menudo, los migrantes y refugiados deben atravesar numerosos países, algunos con fronteras militarizadas, y se les puede denegar la entrada. Con frecuencia son víctimas de violaciones de sus derechos, se enfrentan a la violencia, a la trata y a las separaciones familiares. Además, el riesgo de ser objeto de acciones penales y ser detenidos por violaciones de las normas de inmigración, son factores disuasorios a la hora de solicitar protección.

Los estados tienden a veces a mezclar la seguridad nacional con la defensa nacional y la seguridad interior. Sin embargo, la seguridad nacional no se refiere únicamente al control de las fronteras, por lo que es imposible que exista sin la seguridad humana. Esta última exige la salvaguardia de los derechos de todos los individuos presentes en un territorio, independientemente de su estatus jurídico. 

La Sección Migrantes y Refugiados espera que se adopten más políticas públicas basadas en la libertad de movimiento y en el respeto de la protección internacional de las personas desplazadas, especialmente las más vulnerables. En conformidad con dicho pensamiento, este boletín pretende reflejar la posición del Vaticano sobre la cuestión de la seguridad de los migrantes y  refugiados en las fronteras y mostrar algunas iniciativas emprendidas por agentes católicos, orientadas a facilitar un viaje seguro y la posibilidad de acceder, de manera legal, al territorio.


Acoger a nuestros semejantes


Durante su
Mensaje para la 104ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa Francisco dijo que la seguridad de los migrantes debe ser primordial y articuló su mensaje a través de los cuatro verbos “acoger, proteger, promover e integrar”. Acoger significa “ampliar las posibilidades para que los migrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino”. Los visados humanitarios, la reunificación familiar, “programas de patrocinio privado y comunitario y corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables” son los medios que identifica para lograr dicho objetivo. Añade  que los agentes encargados de los controles de fronteras deben contar con la formación adecuada, de modo que se pueda “anteponer siempre la seguridad personal a la nacional”. También pide “soluciones que sean alternativas a la detención de los que entran en el territorio nacional sin estar autorizados”, señalando que “las expulsiones colectivas y arbitrarias de migrantes y refugiados no son una solución idónea”.

En una declaración sobre protección internacional (EN), presentada en julio de 2021 con ocasión de la 81ª reunión del Comité Permanente del ACNUR, la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra reiteró la necesidad de adoptar políticas de reasentamiento más generosas, junto con “un compromiso más firme de compartir responsabilidades”, a fin de ayudar a los Estados que acogen al mayor número de refugiados. En la declaración se indica también que la pandemia “se ha convertido en una crisis de protección, así como en otra causa del retraso en el logro de soluciones duraderas” para los refugiados. A este respecto, aun reconociendo el deber de los Estados de proteger a su población durante las emergencias de salud pública y respetando su derecho exclusivo a gestionar sus fronteras, la Santa Sede observó algunas claras demostraciones de cómo las preocupaciones en materia de salud pública no están reñidas con el respeto del principio de no devolución y del derecho a solicitar asilo, estipulados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Participando en el “Grupo de Trabajo sobre el tráfico ilícito de migrantes”, organizado en Viena por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuriy Tykhovlis realizó una declaración (EN) en nombre del Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Advirtió del peligro de la denominada web superficial y oscura, “utilizada para facilitar el reclutamiento y el transporte en el tráfico ilegal de migrantes […] que permite su posterior explotación”. Según Tykhovlis, los agentes estatales y no estatales deberían introducir mecanismos para ayudar a mejorar la transparencia y combatir el uso ilegal de la tecnología. Además, Tykhovlis pidió la promoción de campañas de sensibilización y programas de formación específicos, que contribuyan a la prevención del tráfico ilegal y a hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más regular.

En el documento “Garantizar el acceso al territorio de los solicitantes de protección internacional”, la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral también respalda el derecho de asilo y el derecho de no devolución, afirmando que “a todos los solicitantes de protección internacional se les debe conceder la admisión segura al territorio de forma individual”. Siempre que sea difícil evaluar el estatus migratorio de aquellos individuos que se encuentran en flujos mixtos de migración, “debe concederse a todos el acceso temporal al territorio”. Analizando la emergencia del COVID-19, en el documento se señala que, aun cuando las medidas de salud pública son necesarias, nunca deben ser discriminatorias y sólo “se deben adoptar en virtud de una evaluación equitativa de los riesgos reales”.

En el documento “Medidas alternativas a la detención de migrantes”, la Sección Migrantes y Refugiados señala que “cualquier persona que desee solicitar protección internacional o que presente signos de padecer problemas de salud, física o mental, o de haber sido víctima de la trata de personas, nunca debe ser detenida en relación a su estatus migratorio”. Razón por la cual, el documento “recomienda la adopción sistemática de medidas de control no privativas de libertad alternativas a la detención de los migrantes, para poner así fin a esta práctica”, como los centros de acogida no gubernamentales y otros programas de colocación gestionados a nivel comunitario. Estas soluciones salvaguardan mejor los derechos y la dignidad de los migrantes irregulares. Además, son más eficaces y menos costosos, aunque sean soluciones temporales.


Garantizar un acceso seguro y legal al territorio


El proyecto
Corredores humanitarios de la Comunidad de San Egidio ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad a entrar legalmente en Europa, mediante la concesión de visados humanitarios, y les brinda la oportunidad de presentar una solicitud de asilo en un segundo momento. Desde que se puso en marcha el programa, unos 3.700 refugiados procedentes de países de asilo como Líbano, algunos países del Cuerno de África y de la isla griega de Lesbos han sido acogidos e integrados en Italia, Francia (FR), Bélgica, San Marino y Andorra. Sólo en 2021, la Comunidad de San Egidio firmó dos protocolos con el gobierno italiano para la llegada de 1.000 refugiados libaneses y 1.200 refugiados afganos a través de corredores humanitarios, y renovó el protocolo con el gobierno francés para acoger a 300 refugiados. Por último, la Comunidad de Sant’Egidio en México organizó un primer corredor humanitario para un grupo de niños guatemaltecos, acompañándolos desde el sur de México hasta los Estados Unidos para reunirse con sus familias.

MigraSegura es una plataforma digital que ayuda a las personas desplazadas, especialmente a los venezolanos, a encontrar información segura y verificada sobre servicios básicos y políticas migratorias en Brasil y Ecuador. La plataforma proporciona información sobre políticas migratorias, trámites legales para obtener asilo, refugio y acceso a la asistencia humanitaria, a fuentes de sustento, atención médica, albergues, alimentos y demás necesidades. El acceso a la plataforma se facilita a través de espacios sociales y servicios pastorales de la Iglesia, donde se proporcionan dispositivos electrónicos y Wi-Fi gratuito. MigraSegura es una iniciativa de Cáritas Brasil en alianza con Cáritas Ecuador, y cuenta con el apoyo de Catholic Relief Services.

El patrocinio comunitario es una solución segura y duradera para acoger y reasentar a los refugiados. La comunidad asume la responsabilidad de una familia de refugiados, desde que llega al país hasta que logra su independencia, integrándose en su comunidad local. En Canadá, país que lidera el ranking mundial de reasentamientos de refugiados, el Catholic Centre for Immigrants (EN, CCI) gestiona dos acuerdos de patrocinio: el acuerdo de patrocinio de la Corporación Episcopal Católica Romana de Ottawa, que asiste principalmente a las parroquias locales, y un segundo acuerdo de patrocinio para la CCI misma, que asiste a grupos de cualquier afiliación. Otro ejemplo es el de la Diócesis católica romana de Saskatoon (EN), que en calidad de titular del acuerdo de patrocinio con el gobierno federal, ayuda a las parroquias y a otros grupos a patrocinar, de forma privada, a refugiados, ofreciéndoles programas de formación y coordinación. El promedio de tiempo que transcurre desde que una parroquia acepta patrocinar a un refugiado o a una familia de refugiados, hasta su llegada, suele ser de 1,5 a 2,5 años. Debido a la pandemia del COVID-19, el proceso se ha visto afectado, se han producido demoras y han surgido incertidumbres adicionales. Sin embargo, las personas han podido establecerse (EN) en el país después de haber hecho la cuarentena.

El Proyecto Corredores Universitarios para Refugiados (EN; IT), promovido por Cáritas Italia, junto con otros asociados, concede visados de estudio a los beneficiarios de protección internacional en Etiopía. La selección de los candidatos que desean matricularse en programas de licenciatura en las diferentes universidades italianas, se basa en el cumplimiento de determinados criterios de selección, como la motivación y el historial académico. Las universidades se encargan de la matriculación del beneficiario en un programa de estudios y asumen los gastos de alimentación, alojamiento y matrícula. Cáritas Italia publicita la convocatoria en Etiopía, ayuda con los preparativos y cubre los gastos previos a la salida y los del vuelo. También ayuda económicamente a las organizaciones diocesanas de Cáritas y proporciona servicios de gestión y ejecución de proyectos cuando los beneficiarios llegan a Italia. Las organizaciones diocesanas de Cáritas tienen el importante papel de apoyar la integración social de los estudiantes beneficiarios del proyecto.


Dar prioridad a la seguridad humana sobre las salvaguardias nacionales


En
una entrevista concedida a Crux (EN), Mons. Robert J. Vitillo, Secretario General de la Comisión Católica Internacional de Migración (ICMC), afirmó que “los muros no detendrán a las personas, cuando se ven obligadas a huir debido a la guerra, a las discriminaciones, a las persecuciones o a la pobreza abyecta”. Sin embargo, lo que más le impacta son los muros de la indiferencia que algunas personas, incluídos algunos creyentes, levantan frente al “dolor horrible de las muertes por ahogo, del hambre y la sed de los migrantes durante su búsqueda de seguridad, libertad y nuevas oportunidades”. Desearía que las personas “pudieran superar el falso concepto y la actitud de que los migrantes y refugiados representan una ‘carga’ para los países de renta alta” y en su lugar fueran capaces de reconocer “los dones y el potencial de crecimiento económico que traen consigo los migrantes y refugiados”, como puede verse en algunas zonas rurales y en países de renta baja y media. Aunque algunos podrían no estar de acuerdo con el hecho de que la experiencia de la ICMC demuestra que las vías legales más el patrocinio y el reasentamiento constituyen la mejor respuesta para hacer frente a la emergencia a corto plazo, Mons. Vitillo señala que un cambio radical “hacia un ‘nosotros’ cada vez más grande” y la construcción de la paz, tanto de “arriba hacia abajo” como de “abajo hacia arriba”, son esenciales para “eliminar la mayoría de las causas fundamentales del desplazamiento forzado de los pueblos”.

En una breve reflexión (EN), Peter Rožič SJ, director del Centro Social Europeo de los Jesuitas, habla del cambio climático como “uno de los mayores riesgos para la seguridad global”, cuyas causas y efectos son lentos y difíciles de detectar, y por esta razón son a menudo subestimados. Sin embargo, este problema pone en peligro la seguridad humana desde varias perspectivas, “puesto que no sólo es la causa de hambrunas, pobreza, crisis de vivienda y migración (forzada), sino también de la pérdida de territorios enteros y de conflictos políticos”. Por último, el P. Rožič destaca la capacidad del Papa Francisco de presentar la crisis medioambiental como una crisis sociopolítica y su incidencia en la participación de los líderes mundiales, y  del mundo empresarial, en el compromiso de abordar la emergencia climática. 

Un informe publicado en abril de 2021 por Jesuit Relief Service USA y el Institute for the Study of International Migration de la Universidad de Georgetown, titulado Seeking Protection in a Pandemic: COVID-19 and the Future of Asylum (EN), considera que las restricciones impuestas para proteger la salud pública durante la pandemia, tendrán repercusiones duraderas en las políticas de asilo globales y que tales restricciones amplificarán las desigualdades entre las poblaciones desplazadas y las de acogida. Según el informe, las personas que buscan protecciónfrente a la persecución y la violencia no han podido hacerlo legalmente durante el último año. De hecho, 167 países cerraron sus fronteras, también a los solicitantes de asilo, en respuesta al primer brote del COVID-19, a principios de 2020, y en marzo de 2021 a los ciudadanos de 57 países todavía se les negaba el acceso al territorio, sin excepción alguna. El informe incluye algunas recomendaciones que deberían adoptar los responsables de la formulación de políticas, incluidas la de garantizar vías seguras y legales, poner fin a la detención de niños y aumentar la inversión en los sistemas de asilo.

Journal on Migration and Human Security (EN) es una revista del Center for Migration Studies en la que se publican varios artículos y estudios sobre “seguridad humana”. Asimismo, se abordan temas como la creación de condiciones seguras y sostenibles en las comunidades de origen de los migrantes, la promoción de una migración segura, ordenada y legal y el desarrollo de políticas de inmigración y de integración de migrantes que respeten los derechos de las comunidades de origen y de acogida y permitan a los recién llegados llevar una vida productiva y segura.

 

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Para números anteriores, por favor consulte la página: migrants-refugees.va/es/boletin-c-19

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